Carta del Director

Garantizar los Derechos de la Niñez, la solidaridad que importa

Sergio Laurenti

Sergio Laurenti

Director Ejecutivo de GN Chile

En la misma semana en que Chile entra en un período extraordinario de su historia, con la instalación de la Convención Constitucional, se da la paradoja de obstáculos que se levantan para aprobar un proyecto de ley esencial que busca crear un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez.

En el pasado, las épocas se definían por grandes cambios en la historia y las condiciones de vida en los paradigmas de la existencia humana. Hoy, los cambios de épocas son incesantes, más rápidos y en ocasiones pasan inadvertidos aún para los ojos más entrenados.

En la misma semana en que Chile entra en un período extraordinario de su historia, con la instalación de la Convención Constitucional, que está encargada de la tarea tan anhelada de sentar las bases para un país más justo y humano, se da la paradoja de obstáculos que se levantan para aprobar un proyecto de ley esencial que busca crear un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Esta iniciativa de ley ha tenido un largo período de “aspiración, inspiración y transpiración”. Se ha trabajado por más de treinta años para llegar a este momento. Sin embargo, el gobierno actual, sin miramientos y con argumentos decimonónicos, ha anunciado su veto y enviado el proyecto al Tribunal Constitucional.

Notablemente, algunos de los argumentos -esgrimidos por algunos Diputados y Diputadas- rechazan la “autonomía progresiva”, entendida como la capacidad de las niñas, niños y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan, que aprenden a adoptar y ejercer sus derechos. Así, desde la mirada adulta, se busca evitar que tomen parte en las decisiones que más les afectan. Se busca también impedir la creación de ámbitos no sexistas y libres de la influencia religiosa.

En el debate del futuro de Chile, la solidaridad más urgente es la que fortalece las capacidades y el desarrollo de quienes más importan: niñas, niños y adolescentes.

Según los defensores del rechazo al proyecto, el problema radicaría en que el principio de autonomía progresiva vulneraría el derecho de los padres y madres de educar a sus hijas e hijos. Pero esto no toma en cuenta la evidente influencia de padres, madres y cuidadores en la primera infancia, todas las decisiones que toman en lo relativo a la crianza, las costumbres, la educación y en general la inmersión a ideas y valores en las que la familia siempre tendrá prioridad en el entorno íntimo y protegido del hogar, antes que las niñas y niños puedan intervenir, lo que por supuesto está muy bien.

Se ignora o se pone deliberadamente a un costado el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en especial, los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

Legisladores, el gobierno, y algunas organizaciones familiares y religiosas actúan con miedo y con la intención de atemorizar a la opinión pública. Ese temor se justifica en el uso del poder de unos (adultos) hacia otros (niñas y niños). Estos argumentos pierden de vista el valor que la confianza de las personas adultas otorga al crecimiento, la educación y la responsabilidad de niñas, niños y adolescentes. Recobrar el espacio al diálogo, la escucha activa y el acercamiento de las generaciones se opone de frentón a la construcción de una sociedad participativa, donde todas las personas se empoderan y se hacen dueñas de su propio destino. Es un momento óptimo para ejercer solidaridad, y a mayor responsabilidad más alta la expectativa de dar el ejemplo.  En el debate del futuro de Chile, la solidaridad más urgente es la que fortalece las capacidades y el desarrollo de quienes más importan: niñas, niños y adolescentes.

Ante el extraordinario momento de la construcción de una nueva Constitución para Chile, lo peor que pueden hacer quienes nos conducen es atribuirse potestad para limitar la promoción de los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes, que nos permiten crear conciencia sobre los asuntos que son importantes para ellas y ellos y “Sacar La Voz” como ciudadanos y ciudadanas responsables.

Sobre Sergio Laurenti

Comunicador social. Ha trabajado la mayor parte de su vida en organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Chile y el Reino Unido. Tiene mucho interés en temas de derechos humanos, solidaridad internacional y el desarrollo comunitario. Dirige Good Neighbors Chile desde enero 2018, cree que el cambio social es posible y busca activar un trabajo comprometido con las comunidades y actores locales.

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