Las cifras y los hechos presentados por la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social reflejan cómo la realidad de niñas, niños y adolescentes sigue sin ser una prioridad para las instituciones públicas de Chile.
Desde Good Neighbors Chile lamentamos la inacción y falta de respaldo hacia las niñas, los niños y adolescentes que denunciaron vulneraciones de derechos humanos durante el estallido social. Sorprende que, ante las recomendaciones concretas de la Defensoría de la Niñez, el avance en adoptarlas haya sido lento e insuficiente. Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos titulares activos de derechos quienes gozan de una especial protección, en conformidad con los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. Así, el interés superior del niño debe ser un principio rector para todas las acciones y decisiones concernientes a las niñas, los niños y los adolescentes por parte del Estado.
Los números del estallido social
En el informe de la Defensoría se afirma que “según la información entregada por el Ministerio Público, desde el 18 de octubre de 2019 al 5 de marzo de 2020, se recibieron 1733 denuncias de hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Esto significa que, por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, 29 fueron víctimas de estas graves vulneraciones”. De estas denuncias, solo un 5% de las investigaciones han identificado algún/a imputado/a, lo cual revela falencias del proceso investigativo y en la obtención de verdad y justicia para las víctimas.
¿Qué recomendó la Defensoría de la Niñez?
Las recomendaciones de la Defensoría apuntan a la obtención de verdad, justicia y reparación como obligación y derecho de las víctimas. Estas recomendaciones son: (1) asegurar el acceso a la información para niñas y niños, (2) que la actuación policial no infrinja los derechos humanos y que los procedimientos de detenciones den cumplimiento a los estándares internacionales, (3) que desde el Estado se adopten medidas para prevenir, (4) investigar y sancionar las violaciones de derechos y (5) recomienda definir medidas inmediatas de reparación a las víctimas de violencia policial.
El Estado debe actuar
Guardar la memoria de lo ocurrido durante el estallido social no es responsabilidad exclusiva de la Defensoría ni de las organizaciones sociales, sino también una responsabilidad y obligación de las instituciones del Estado que deben garantizar el pleno goce de los derechos humanos, especialmente de los derechos de niñas y niños, y la acción de reparación ante la vulneración de los derechos debe ser liderada por el Presidente de la República, quien cuenta con las facultades ejecutivas para comenzar y rectificar lo que es necesario.
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La misión de Good Neighbors Chile es empoderar a las personas, especialmente niñas, niños y adolescentes, en sus comunidades, creando oportunidades de desarrollo sostenible, de educación, solidaridad y promoción de los derechos humanos.